Este 28 de diciembre se cumplirán siete años de promulgación del Decreto 3390 sobre uso del software libre (SL) en la Administración Pública Nacional (APN). Fuimos el primer gobierno de América Latina con fundamento jurídico para promover el uso de SL para todo el Gobierno.
Sin embargo, el artículo 1 del Decreto 3390 comienza con la expresión: “La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software Libre…”, con lo cual desde el mismo nacimiento sentenció su propia anulación e ineficacia. A lo largo de estos siete años eso es lo que ha sucedido. Pareciera que el propio decreto fuese un certificado de nacimiento con discapacidad conceptual: emplear “prioritariamente” significa en la APN que no hay “obligatoriedad” tal como SÍ sucede, por ejemplo, con la ley de presupuesto, que obliga renglón por renglón cómo se gastan, invierten y generan los recursos de un organismo.
¿Qué hemos alcanzado? Se hizo pública la disposición del Gobierno que se utilice SL en la APN para el gobierno electrónico. Desarrollos de sistemas y aplicativos en lenguajes libres que son empleados en diferentes organismos del país. Una humilde comunidad de usuarios y desarrolladores para el empleo y uso del SL en el Gobierno.
¿QUÉ NO HEMOS ALCANZADO AÚN?
Muchas organizaciones no se han incorporado al uso del SL en sus instalaciones. No se ha consolidado una “comunidad de usuarios de SL del Gobierno”. Tampoco se ha consolidado estilos de trabajo (metodologías, desarrollo, documentación, capacitación, etc.) en la APN basados o a propósito del uso del SL.
Aún la APN no dispone de verdaderos sistemas de información suficientemente “maduros” desarrollados en SL. ¿Dónde está la red de servicios especializados en SL desarrollados con estándares abiertos? ¿Capacitación? tampoco somos optimistas. A siete años del 3390, el total de funcionarios de la APN con capacitación formal en SL no llega ni siquiera a un 5%. Ello incluye no sólo lo logrado por la Academia de Software Libre, sino lo alcanzado por iniciativas de las propias instituciones.
¿Cómo vamos alcanzar soberanía e independencia tecnológicas si ninguna de las grandes empresas del Estado venezolano invierte, mantiene, ni investiga en el desarrollo del SL, ni mucho menos en tecnologías libres en general?
El pueblo, receptor de todas las políticas y lineamientos del Estado ¿qué relación tiene con el software libre? ¿Podemos hablar de “poder popular” sin empoderamiento? Una apropiación de las tecnologías, implica no sólo el uso, sino y sobre todo su conocimiento, comprensión, desarrollo, mejora y masificación. Nuestra conclusión es que aún hay mucho camino que andar en esa dirección pues creemos que ello no está sincera y comprometidamente en la mira de los dirigentes tecnológicos.
Fuente:
No hay comentarios:
Publicar un comentario